Herbert
Anaya
26
de octubre de 1987
Militante cristiano, abogado de 33 años y padre
de cinco niños. Coordinador de la Comisión
de Derechos Humanos de El Salvador, CDHES, no gubernamental.
Asesinado delante de sus hijos, a la salida de su casa,
en San Salvador.
"El
asesinato de Herbert es la culminación de todas
las acusaciones y amenazas de la COPREFA, Comité
de Prensa de la Fuerza Armada, y por diferentes voceros
gubernamentales", denuncia la CDHES. Políticamente
significa la negación del gobierno a cumplir
los acuerdos de Esquipulas II. Herbert es un luchador
por la defensa de los derechos humanos desde muy joven.
En 1980 asume la asistencia legal de las víctimas
de la represión. En cumplimiento de esta tarea
visita las zonas de guerra para constatar los destrozos
causados por los bombardeos y el asesinato masivo, cotidiano,
de su pueblo.
En
mayo de 1986 es detenido por la Policía de Hacienda
en pleno centro de la ciudad. Durante 15 días
permanece desaparecido, mientras es sometido a horribles
torturas físicas y psicológicas. Los métodos
más refinados usados por sus torturadores no
consiguen quebrar su entereza y la firmeza de sus convicciones.
Cuando le piden que "colabore", para obtener
la "información" que les permita acusarlo
de complicidad con la guerrilla, Herbert les responde:
"Hay un aspecto moral que no me permite hacerlo
y me atengo a las consecuencias. Lo más que pueden
hacer es matarme, pero lo que matarían sería
mi cuerpo, porque mi alma va a seguir trabajando por
la justicia."
Después
pasa a la cárcel de Mariona, que comparte con
otros presos políticos. Desde allí continúa
dirigiendo la CDHES. Liberado después de 10 meses,
las amenazas y la vigilancia en torno a su casa son
casi cotidianos. Pero su actuación pública
continúa: En la Universidad Centroamericana denuncia
las consecuencias del estado de excepción y,
en un programa televisivo, hace lo propio con respecto
al uso de armas ilegales en el conflicto.
Su
sentencia a muerte está firmada. Los Escuadrones
de la Muerte hacen el resto: dos hombres de civil, con
armas de 9mm. y silenciador, pretenden acallar su voz,
que sigue clamando justicia.